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Seremis de la Mujer y Gobierno destacan avances en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

 

 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia contra la mujer: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

 

En el proyecto de ley Presupuesto 2024 el Gobierno del presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ha puesto énfasis en el aumento de la línea Autonomía Física de las mujeres, que se incrementa en un 3,7% para el próximo año. En particular, dentro del ámbito de la Autonomía Física, los programas Violencia Contra la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) crecen en un 5,2%, lo que se enmarca en su rediseño programático. El rediseño reorganiza y mejora las intervenciones de los actuales programas en tres nuevos modelos: un Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, un Programa de Atención Inicial en Violencia de Género y un Programa de Recuperación del Ejercicio Autonomía para Víctimas/Sobrevivientes de Violencia de Género. Lo anterior contempla un presupuesto que supera los 23 mil millones de pesos para el 2024 y representa un aumento de $1.156 millones, respecto de lo asignado el año 2023 a la línea programática, lo que permitirá dar una cobertura de atención intermedia integral a 79.674 mujeres; disponibilidad de residencias transitorias, en las 16 regiones, para 926 mujeres víctimas de violencia grave o extrema; atención psicoterapéutica reparatoria, individual y grupal a 1.365 mujeres víctimas de violencia grave o extrema y acompañamiento y representación jurídica a 1.424 mujeres, con la finalidad de contribuir al acceso a la justicia a la diversidad de mujeres mayores de 18 años a causa de la violencia grave/extrema vivida.

 

“La violencia contra la mujer no es una realidad aislada, y tampoco se limita a la violencia física. Hay muchas formas de violencia y debemos avanzar en la eliminación de todas ellas. Estamos hablando de un grave problema social, por lo que eliminar la violencia contra la mujer también debe ser un compromiso de todas las instituciones, públicas y privadas, de todos los sectores políticos y de todas las personas que habitan este país. Este año 2023 impulsamos una campaña anual de prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres, enfocada en todas las acciones que puede hacer cualquier persona, en cualquier lugar, para contribuir a disminuir la violencia de género en nuestro país: acompañar, intervenir, interpelar o denunciar cuando sea necesario. Es un llamado a la acción”, señaló Andrea Méndez, seremi de la Mujer y Equidad de Género.

 

En cuanto a Autonomía Económica, se espera que el presupuesto asignado permita dar continuidad a los actuales programas con los que cuenta el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg): Programa Mujeres Jefas de Hogar (cobertura a 51.260 mujeres); Programa de 4 a 7 (cobertura a 25.023 beneficiarias/os); Programa Mujer Emprende (cobertura a 3.425 mujeres) cuyo componente principal es la Escuela Mujer Emprende y Programa Abeja Emprende, que ejecuta Sercotec, para beneficiar a mujeres que realizan programas de capacitación para desarrollar emprendimiento.

 

También se destinan más de nueve mil millones de pesos a PRODEMU para sus acciones de promoción de derechos y el fortalecimiento de la autonomía física y económica de la diversidad de las mujeres en Chile, con una cobertura estimada de 50.000 mujeres que se focalizará en zonas rurales.

 

 “Hoy es un día muy importante, no sólo para nosotras sino para todo el país, en el que tenemos que estar unidas y unidos contra la violencia, la que en situaciones extremas puede llegar incluso al femicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer. Por eso, como Gobierno, estamos trabajando en distintas medidas para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia y un aumento en la independencia económica, ya que muchas se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor por no tener las condiciones para dejar el hogar común. Mientras siga habiendo una denuncia, una mujer violentada, no podemos sentirnos tranquilos ni descansar. Estamos trabajando para lograr erradicar, definitivamente de nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres”, indicó Tatiana Plá Álvarez, seremi de Gobierno de la región de Aysén.

 

 

Cabe señalar, que el ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha puesto dentro de sus prioridades legislativas el proyecto de Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que lleva seis años de tramitación. Los principales cambios que promueve este proyecto -que es parte de la agenda de seguridad pública del Gobierno- tienen que ver con establecer a través de la ley un mejor seguimiento a las medidas cautelares, con un fortalecimiento del rol de representación jurídica del SernamEG para llegar antes y más rápido; con incorporar a los niños como víctimas y no solo como testigos de la violencia de género, y con contar con un sistema de gestión integral, donde todos los organismos del Estado estén coordinados. Dentro de las indicaciones aprobadas hace dos semanas, en la discusión de la ley en las comisiones de unidad de Constitución y Mujer en el Senado, se aprobó la ampliación del delito de violencia intrafamiliar a relaciones sin convivencia como el pololeo.  

 

Un avance importante en la ley es que permitirá generar un sistema integrado de información para el seguimiento de las medidas decretadas en favor de las víctimas, junto con la creación de una comisión interinstitucional para la coordinación de las medidas estatales que se establezcan para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas.

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